A mí ya me habrían echado.

Alguna vez me ha pasado. Pruebo un programa que estoy haciendo y el ordenador se queda colgado: un icono con un reloj de arena que no desaparece, una barra de avance de tarea que no llega al final o, en el peor de los casos, una pantalla que parece congelada y un teclado y un ratón a los que el ordenador no hace caso. Cuando eso pasa durante unos segundos, ya sé que la he cagado. En informática sabemos que esas cosas que no deberían ocurrir, ocurren. Y se han montado una serie de mecanismos para romper estos bloqueos. Algunos, sutiles, como matar un proceso desde el gestor de tareas. Otros, drásticos, como el botón de reset. Si he llegado a esta situación, me toca investigar y descubrir dónde he fallado. El error acostumbra a ser una falta de previsión; se han dado un conjunto de circunstancias para el que no he dado instrucciones que permitan avanzar el proceso.

No tengo ni puñetera idea de leyes, pero me parece meridiano que los que redactaron las normas para renovar el CGPJ y el TC la cagaron y el ordenador se les ha colgado durante cuatro años. Yo no puedo escribir código en el que diga que se realizará determinada acción hasta que se cumpla una condición si no me aseguro de que esa condición se cumple en un tiempo razonable. Los que escribieron que el CGPJ se debe renovar con los votos de tres quintas partes de los diputados no pensaron en la posibilidad de que ese resultado podría no darse. 

Como en mi trabajo, lo más urgente es romper el bucle (espero que sea con una medida menos traumática que pulsar el botón de reset), pero inmediatamente después habrá que meter mano al código para que no se vuelva a buclar el sistema.

Alternativas a la politización de la justicia.

El numerito que han montado PP y PSOE escogiendo el presidente del Consejo General del Poder Judicial cuando, en teoría, éste debe ser escogido por los vocales, ha provocado un considerable escándalo en la sociedad. La politización de la justicia es uno de los factores que más daña la la calidad de nuestra democracia.
Pero, ¿cuál sería la alternativa?
Tengo la sensación de que, en España, estudiar sigue siendo cosa de ricos. Estudiar Derecho, más. Y ganar unas oposiciones a juez (si lo haces con dedicación exclusiva, son muchos años viviendo de los padres), todavía más. Y los ricos son más conservadores que los pobres.
No tenía tiempo (ni ganas) de hacer un estudio serio, así que me he ido a la wikipedia. Aunque los datos de afiliación publicados no corresponden a la misma fecha, he calculado los porcentajes de afiliación a cada asociación:

• Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora): 44%
• Francisco de Vitoria (moderada):28%
• Juezas y jueces para la democracia (progresista): 17%.
• Foro Judicial Independiente: 11%.

A la vista de estas cifras, se confirma mi sospecha de que el colectivo de jueces es más conservador que la sociedad. Y no sería arriesgado suponer que un CGPJ escogido por los jueces tomaría decisiones tan alejadas del "sentir popular" como ahora. Eso sí, solo aplicarían el corporativismo con los jueces. No como ahora, que son corporativistas con los jueces y con los políticos que los han escogido.

¿Atraco o hurto?

No quería opinar en caliente sobre la sentencia de "La Manada". Pero quería opinar.

La gente anda especialmente soliviantada por la calificación de los hechos: abuso, pero no violación. Los delitos sexuales provocan mucha visceralidad, es muy difícil emitir un juicio sereno. Así que he decidido buscar una situación parecida pero sobre la que sea más fácil opinar con frialdad.

Imagina que un tío te pone una navaja en el cuello y te dice que le des el móvil, o la cartera.

Imagina ahora que cinco tíos como armarios te meten en un portal y te cogen el móvil, o la cartera.

¿En cuál de los dos casos te sentirías más acojonado?

Yo en los dos por igual. Y les daba el móvil, la cartera y el pin de las tarjetas.

Y me parecería justo que los jueces apreciaran la misma intimidación en ambos actos.

Lecciones de fútbol: la ética y la justicia.

Hace diez días, en la prórroga del Sevilla - Athletic Club, se produjo una jugada que podía haber generado mucha polémica. Un jugador sevillista encaraba el área rival y sufrió un tirón. El Athletic inició el contraataque y desde la grada se oyeron silbidos hasta que los andaluces recuperaron el balón. Si el equipo vizcaíno llega a marcar, las quejas hubiesen subido de tono, hasta protestarían al árbitro por no parar el juego. No voy a entrar ahora a discutir si la acción del Athletic fue ética o no, pero queda claro que el árbitro hizo lo correcto, su decisión fue legal. Sólo se puede parar el juego si peligra la salud del deportista. Y un tirón es doloroso, pero nada grave.
Días después vimos una situación similar, en esta ocasión, un juez con más poder que un árbitro, el Tribunal Supremo, ordenaba que Adolf Todó y Jaume Masana recibieran la cuantiosa indemnización que habían pactado con el presidente de Caixa Catalunya y que el FROB había decidido no pagar. En las redes sociales leí numerosas muestras de descontento con la sentencia. Del mismo modo que no he discutido si el Athletic debía tirar el balón fuera, tampoco discutiré si la indemnización era excesiva. Pero, en un estado de derecho, los contratos se deben cumplir salvo que una de las partes haya obligado o engañado a la otra para firmarlo. No consta que Adolf Todó y Jaume Masana hicieran algo así con Narcís Serra, por lo tanto la indemnización era del todo legal.

¿Medidas justas?

Hoy voy a hacer un ejercicio de simplificación.

¿Es justo que todos obtengan lo que se merecen? ¿Es justo que todos obtengan lo que necesitan? Supongo que la inmensa mayoría responderá que sí a las dos preguntas. Sin embargo, los dos objetivos son diferentes y, en ocasiones, se deberá escoger uno u otro. 

Para la derecha, el más importante es el primero. Por este motivo les escandaliza que haya gente que se aproveche indebidamente de subvenciones, ayudas y subsidios. Por ejemplo, cuando Convergencia recupera el gobierno en Cataluña, ante las fundadas sospechas de uso fraudulento, cambia los requisitos y los mecanismos para cobrar la PIRMI. Por el camino, algunos de los perceptores de la misma pasan serios apuros   al dejar de recibirla.

Para la izquierda, el más importante es el segundo. Por este motivo les escandaliza que haya gente que caiga en riesgo de exclusión social por falta de subvenciones, ayudas y subsidios. Por ejemplo, cuando alguien denuncia  el fracaso del PER al ser incapaz de generar motores de riqueza en Andalucía, desde el PSOE siempre se argumenta que su eliminación abocaría a la pobreza a mucha gente y minimiza el impacto del fraude diciendo que si se cobran 400€ indebidamente, tampoco hay para tanto.

Ambas posturas son discutibles, pero honestas.

Con estas premisas, intento analizar la amnistía fiscal anunciada por el gobierno del Partido Popular. En dos ocasiones, se promulgaron amnistías parecidas por gobiernos del PSOE. ¿Es una medida de izquierdas o de derechas? Los beneficiarios de la medida, ¿necesitan el descuento de la presión fiscal del 45 al 10%? ¿merecen el perdón por los delitos fiscales cometidos? No parece una medida justa, ni por un lado ni por otro. Tendré que concluir que se trata, pues, de una medida de esas que llaman "pragmáticas". Término que acostumbra a ser un eufemismo para "injustas".